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Javier Lamela Vazquez Biografía y Hechos

Carmen Lamela Díaz (1961) es una jueza española,[1]​ magistrada en la Sala Segunda del Tribunal Supremo y está especializada en Derecho penal. Biografía Inicios Licenciada en Derecho por la Universidad Pontificia Comillas (ICADE) en 1984, ingresó en la Judicatura en 1986 y empezó a trabajar en el Juzgado de Primera instancia de Orihuela. En 1987, fue trasladada al Juzgado de Primera instancia e instrucción de Manzanares. Uno de sus primeros casos fue el de la muerte de Mikel Lopetegui.[2]​ Entre 1989 y 1990 estuvo en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Badalona. En 1990 fue nombrada magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona.[3]​ En 1993, se trasladó a Madrid, para trabajar ya como magistrada del Juzgado de Instrucción n.º 25. Cuatro años después, en 1997 pasó a la sección 16 y posteriormente a la 17 de lo Penal de la Audiencia Provincial de Madrid. Entre 2009 y 2011 formó parte del equipo de Iñaki Sánchez Guiu, cuando este fue secretario general de la Administración de Justicia bajo el mandato del ministro Francisco Caamaño.[4]​[5]​ Desde este puesto, participó en la elaboración de la Ley 18/2011 del 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y comunicación en la administración de justicia, y en la ley 37/2011, del 10 de octubre, de medidas de agilización procesal. Audiencia Nacional En 2010 fue una de las candidatas a incorporarse a la Audiencia Nacional, cuando formó parte de una terna de magistrados propuestos por la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional (Pablo Ruz, Carmen Lamela y Carmen Rodríguez-Medel) en la Comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial, para ocupar el Juzgado de Instrucción n.º 5, tras la suspensión cautelar de Baltasar Garzón.[4]​ En 2014, se incorporó a la Audiencia Nacional, primero en comisión de servicios en la Sala de lo Penal y desde noviembre de 2015 en el Juzgado Central de Instrucción n.º 3, en sustitución de Juan Pablo González.[4]​ El 28 de septiembre Lamela adquirió la titularidad del juzgado al renunciar Javier Gómez Bermúdez, que pasó a ejercer la abogacía.[6]​ Ha gestionado varios casos polémicos, como el caso Abengoa,[7]​ la operación Rimet —sobre el presunto blanqueo de capitales de Sandro Rosell—[8]​ o el caso Bancaja.[9]​ Caso Gürtel El 30 de octubre de 2015, se aceptó la recusación de los magistrados de la Audiencia Nacional Concepción Espejel y Enrique López como miembros del tribunal que debería juzgar el caso Gürtel, por su cercanía al Partido Popular. En el caso de la recusación de Concepción Espejel, los magistrados que votaron en contra fueron Juan Francisco Martel, Fernando Grande-Marlaska, Ángeles Barreiro, Fermín Echarri, Alfonso Guevara, Ángel Hurtado, Carmen Lamela y Nicolás Poveda. Votaron a favor de la recusación de Espejel los magistrados Clara Bayarri (ponente), Antonio Díaz Delgado, Julio de Diego, Manuela Fernández Prado, Carmen Paloma González, Javier Martínez Lázaro, Ángela Murillo, Teresa Palacios, José Ricardo de Prada y Ramón Sáez Valcárcel. En el caso de la recusación de Enrique López, votaron en contra Juan Francisco Martel, Fermín Echarri, Ángel Hurtado y Nicolás Poveda. Votaron a favor de la recusación de López los magistrados Carmen Lamela, Clara Bayarri, Antonio Díaz Delgado, Julio de Diego, Manuela Fernández Prado, Carmen Paloma González, Javier Martínez Lázaro, Ángela Murillo, Teresa Palacios, José Ricardo de Prada, Ramón Sáez (ponente), Fernando Grande-Marlaska, Ángeles Barreiro y Alfonso Guevara.[10]​ Caso de Juan Manuel B. (Nahuel) En noviembre de 2015, Juan Manuel B. es detenido junto a otros cinco miembros de Straight Edge,[11]​ un grupo anarquista, vegano y libre de drogas, acusados de varios cargos de terrorismo a raíz de un tuit que ponía "Goku vive, la lucha sigue". La juez Carmen Lamela, a su llegada a la Audiencia Nacional, heredó el caso del anterior magistrado Juan Pablo González González el cual había decretado orden de prisión preventiva para Juan Manuel B. Tras cumplir un año y cuatro meses de prisión preventiva, tras la llegada de Carmen Lamela, fue absuelto de todos los cargos tras no encontrarse pruebas de las acusaciones. Caso bar de Alsasua Por una agresión a dos guardias civiles y sus parejas el 15 de octubre de 2016 en un bar de Alsasua, nueve jóvenes entre 19 y 24 años fueron ingresados en prisión sin fianza. La juez Lamela inscribió la agresión dentro del ambiente del movimiento Alde Hemendik (fuera de aquí), que se opone a la presencia de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Navarra y País Vasco, representado en Alsasua por Ospa Mugimendua, al que pertenecen dos de los nueve encausados: Jokin Unamuno, Adur Ramírez d'Alda, Aratz Urrizola, Julen Goicoechea, Jon Ander Cob, Iñaki Abad, Ohian Arnanz, Ainara Urquijo y Aritz Urdargarin. Se enfrentarán a penas de entre 12 y 60 años de cárcel, por estar acusados por Covite de un delito de lesiones terroristas.[11]​[12]​[13]​ Caso La Insurgencia El 19 de octubre de 2016, trece jóvenes cantantes de rap del colectivo La Insurgencia fueron citados a declarar ante Lamela en calidad de investigados, acusados por la comisaría general de información del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) de enaltecimeinto del terrorismo, incitación al odio, delito contra las instituciones del Estado, injurias a la corona y asociación ilícita. La jueza Lamela archivó el caso descartando que hubiera existido un delito de exaltación del terrorismo. "[...]hay que asumir que en una sociedad plural, como la que vivimos, siempre hay grupos radicales minoritarios; y es precisamente a esos grupos a los que van dirigidos este tipo de contenidos [...] En definitiva entiendo que las manifestaciones vertidas por los investigados en las redes sociales no encajan en lo que constituye una apología del terrorismo, ni provocan el discurso del odio. [...] Por lo demás, el ordenamiento jurídico ofrece otro tipo de medidas para sancionar este tipo de situaciones." [14]​ La Sección 3ª de la Sala de lo penal de la Audiencia Nacional revocó la decisión y ordenó seguir el procedimiento. Finalmente, uno de los jóvenes era menor y la Fiscalía acusó a los otros doce del delito único de enaltecimiento del terrorismo y pidió dos años y un día de prisión, 4800 euros de multa y 9 años de inhabilitación absoluta por haber difundido canciones a través del canal de YouTube y de la página de Facebook.[15]​[16]​ El 4 de diciembre de 2017, fueron condenados por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a la pena solicitada por el fiscal José Perals.[17]​ Votaron a favor de la condena las juezas Teresa Palacios y Carmen Paloma González Pastor, con el voto en contra de Ángela Murillo, que creía que solo tenían afán de notoriedad.[18]​ Operación Tándem Iniciada el 25 de abril de 2017, cuando la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada recibió una denuncia anónima sobre las actividades ilegales de los comisarios José Villarejo y Carlos Salamanca. En la denuncia se decía que est.... Descubre los libros populares de Javier Lamela Vazquez. 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