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Marti Talbott Biografía y Hechos

Megacausa ESMA es la denominación que recibe una serie interrelacionada de causas judiciales[¿cuándo?] por delitos de lesa humanidad cometidos en Argentina, durante la dictadura militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, instalada entre 1976 y 1983. En ella se investigan y se enjuician los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención ESMA. Se trata de la causa con mayor cantidad de personas imputadas. Dentro de esta causa se enjuiciaron los casos de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, las Madres de Plaza de Mayo secuestradas en la iglesia de Santa Cruz, la adolescente Dagmar Hagelin, el periodista Rodolfo Walsh, los secuestros y desaparición de los bebés Victoria Donda, Juan Cabandié, Guillermo Pérez Roisinblit y Jorge Castro Rubel entre muchos otros. Entre los represores imputados se encuentran Alfredo Astiz que fue condenado a cadena perpetua al igual que Ricardo Miguel Cavallo, Jorge el tigre Acosta, Adolfo Miguel Donda, Antonio Pernías y Jorge Rádice, entre otros. Antecedentes Entre 1976 y 1983 se instaló en el poder en la Argentina una dictadura militar que tomó el nombre de Proceso de Reorganización Nacional. Durante este período se cometieron numerosas violaciones a los derechos humanos, que fueron registradas por primera vez oficialmente en 1984, una vez reinstalada la democracia, en el informe Nunca más realizado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). En 1983 el presidente Raúl Alfonsín ordenó enjuiciar a tres de las cuatro juntas militares que dirigieron la dictadura militar, en un proceso conocido como el Juicio a las Juntas, que finalizó en 1985 con la condena de varios jerarcas militares, en un caso con pocos antecedentes en la historia mundial, principalmente contra los demás militares, policías y civiles, involucrados en los delitos de lesa humanidad comprobados. Sin embargo a partir de 1986, el presidente Alfonsín, presionado por las fuerzas armadas, promovió la sanción de las llamadas leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que impidieron enjuiciar a la mayor parte de los criminales. A partir de 1989, el presidente Carlos Menem dictó una serie de decretos de amnistía liberando a los criminales que no habían sido alcanzados por las leyes antes citadas. En conjunto, esas normas han sido conocidas como las leyes de impunidad. En 2003, el presidente Néstor Kirchner adoptó una agresiva política para anular las leyes de impunidad y reabrir las causas por violaciones a los derechos humanos. En 2003 la Corte Suprema de Justicia declaró la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad (Fallos:327:2312) y la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida (Fallos: 328:2056). Contemporánemente el Congreso Nacional declaró nulas esas leyes mediante la Ley 25.779. De ese modo se abrieron o reabrieron las causas judiciales por violaciones de los derechos humanos cometidos durante el Proceso de Reorganización Nacional. En 2007 la Corte Suprema estableció que existían 289 causas, con unos 1000 procesos iniciados y con 556 personas procesadas (con sospecha de culpabilidad acreditada por semiplena prueba). En algunos casos, las causas están reunidas en mega-causas debido a su interrelación por tratarse de delitos cometidos dentro de un mismo marco. En principio, las mega-causas no se elevan a juicio como un todo, sino por tramos, una vez que se van terminando las investigaciones. Para los delitos federales, la Argentina tiene un procedimiento penal en dos etapas: una primera etapa de investigación o instrucción de los crímenes realizada por un juez, y una segunda etapa encargada del juicio propiamente dicho, a cargo de un tribunal oral integrado por tres jueces. La megacausa ESMA La Megacausa ESMA agrupa 12 investigaciones diferentes, fue dividida en cuatro partes para su elevación a juicio. Primer juicio por la ESMA Tribunal Oral en lo Criminal Federal n.º 5 Expedientes: Procesados: 1 Víctimas: 4 Testigos: 25 El juicio tuvo un solo imputado, el represor Héctor Febres por la participación en cuatro casos de privación ilegal de la libertad y tormentos durante su actuación en la ESMA. Héctor Febres, también conocido como el Gordo Daniel o Selva, revistió en la ESMA como enlace entre la Prefectura Naval y la Armada. Durante ese tiempo participó de operativos de secuestro, aplicó la picana eléctrica entre otros tormentos, tenía a su cargo a los desparecidos que eran reducidos a la servidumbre y era el responsable de los bebés que nacían en la maternidad clandestina que se había montado en ese centro de detención que se convirtió en el paradigma del terrorismo de Estado. En diciembre de 1998 fue detenido en la causa sobre la apropiación sistemática de menores nacidos en cautiverio. El Tribunal Oral en lo Federal n.º 5, comenzó el juicio oral el 18 de octubre de 2007.[1]​ El 22 de noviembre realizó su alegato la fiscalía[2]​ y el 27 la defensa.[3]​ El tribunal tenía previsto dictar el veredicto final el 14 de diciembre y una semana después daría a conocer los fundamentos de la sentencia. Cuatro días antes de su propia declaración ante el tribunal, apareció muerto en su celda con una gran dosis de cianuro.[4]​ Imputados Héctor Febres Víctimas Carlos Gregorio Lordkipanidse, fue secuestrado el 18 de noviembre de 1978, al mismo tiempo que en zona cercana eran secuestrados por un lado su esposa Liliana Pellegrino con su hijito Rodolfo de 20 días de edad y su primo Cristian Colombo, y por otro su compañero Enrique Fukman. Todos ellos fueron llevados a la ESMA. Carlos Alberto García, secuestrado el 21 de octubre de 1977 en la localidad de Carapachay (Vicente López). Era obrero gráfico, y fue secuestrado por los represores Febres, Astiz, Acosta, Weber y Whamond -entre otros- y llevado a la ESMA donde fue privado ilegalmente de su libertad y donde permaneció detenido-desaparecido. Alfredo Margari, secuestrado el 17 de noviembre de 1977 cuando se dirigía a su trabajo. Era telefónico. Fue secuestrado en la vía pública, en presencia de su madre, su padre y un vecino. Fue llevado a la ESMA, al sector que los represores denominaban capucha (en el altillo del casino de oficiales). Josefa Arminda Prada de Oliveri, fue secuestrada de su casa estando embarazada de 4 meses junto con su esposo, Guillermo Oliveri, fueron llevados a la ESMA y permanecieron en situación de detenidos-desaparecidos durante una semana aproximadamente. Testigos Carlos Alberto García, Alfredo Julio Margari, Josefa Prada de Oliveri, Carlos Gregorio Lordkipanidse, Víctor Basterra, Adriana Marcus, Miriam Lewin, Graciela Daleo, Ricardo Coquet, Guillermo Oliveri, María Amalia Larralde, Andrea Bello, Cristina Aldini, Carlos Muñoz, Lucrecia Etchaleco de Margari, María Milesi de Pisarello, Angel Strazzeri, Enrique Fukman, Ana María Soffiatini, Ana María Marti, Elvio Héctor Vasallo, Ana María Isabel Testa, Mario Villani, Martín Gras, Lázaro Gladstein. Segundo juicio por la ESMA Tribunal Oral en lo Criminal Federal n.º.... Descubre los libros populares de Marti Talbott. 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