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Sue Wilsher Biografía y Hechos

Se entiende por detención administrativa el arresto y detención de personas por el Estado sin que medie juicio, normalmente aduciéndose motivos de seguridad. Diversos países, tanto democráticos como autoritarios, han recurrido a la detención administrativa como recurso para luchar contra el terrorismo, contra la inmigración ilegal o como medida de mantenimiento del régimen en el poder. A diferencia del encarcelamiento, que se impone tras una condena en un juicio, la detención administrativa es un mecanismo adoptado a priori, antes de la existencia de un juicio. Mientras que los procesos judiciales tienen un enfoque retrospectivo -intentando aclarar si el acusado cometió un delito en el pasado-, el razonamiento en que se basa la detención administrativa está vinculado a la convicción o especulación en torno a la posibilidad de que el sospechoso pudiese constituir una amenaza en el futuro. Está concebida como una medida preventiva, por contraposición a las medidas punitivas adoptadas tras los procesos judiciales. La práctica de la detención administrativa ha sido criticada por numerosas organizaciones defensoras de los derechos humanos como una grave violación de los derechos civiles y políticos. Lucha contra el terrorismo Las detenciones administrativas aparecen reflejadas en los códigos penales de diversos estados del mundo. En los países democráticos que usan la detención administrativa en su lucha contra el terrorismo, sus defensores argumentan que los sistemas legales existentes están mal preparados para asumir los desafíos específicos que plantea el terrorismo. Además, afirman que los códigos penales basados en los derechos del acusado y en estrictas normas en torno a las pruebas no pueden usarse de manera efectiva para eliminar el riesgo que suponen los terroristas. Entre los motivos que aportan para defender esta postura se encuentra la idea de que la información usada para identificar a los terroristas y sus planes podría incluir fuentes y métodos de inteligencia extremadamente sensibles que, en caso de ser descubiertos durante el juicio, podrían socavar futuras operaciones antiterroristas. También defienden que las condiciones en las que algunos terroristas son capturados, especialmente si es en zonas de combate, hacen imposible aportar pruebas normales siguiendo las normas de los procesos criminales estándar. Sus defensores también aseguran que los procesos judiciales están diseñados para castigar comportamientos pasados y, por lo tanto, están deliberadamente decantados de favor del acusado para evitar en la medida de lo posible que se castigue a inocentes. La lucha antiterrorista, por otro lado, tiene como objetivo la prevención de acciones futuras, y por lo tanto requiere un sistema que dé más peso a la reducción de posibles amenazas intentando en la medida de lo posible que ningún culpable quede libre. Las leyes de la guerra son, para los defensores de esta medida, simplemente inadecuadas. Estas leyes permiten la captura de combatientes enemigos y su detención sin juicio hasta el final del conflicto. Sin embargo, las leyes de la guerra nacieron de la necesidad de regular los combates entre ejércitos profesionales pertenecientes a estados soberanos implicados en conflictos que, incluso aunque se alargasen en el tiempo, tenían un carácter finito. Intentar aplicar estas normas a terroristas que se entremezclan con la población civil y de los que ningún estado es responsable abre la posibilidad de una detención indefinida sin juicio, combinada con un importante margen de error. Los contrarios a la detención administrativa cuestionan todas las afirmaciones anteriores. Aunque reconocen la necesidad de proteger a las fuentes y los métodos de los que se obtiene la información sensible, mantienen que las leyes existentes pueden equilibrar con éxito la necesidad de proteger las fuentes y la de asegurar el derecho a un juicio justo del acusado. Destacan los numerosos casos en los que los fiscales consiguieron condenas por terrorismo usando los códigos penales existentes. Los contrarios a la detención administrativa mantienen que, en esencia, esta es una forma de castigo colectivo dado que, al no requerir pruebas de la culpabilidad de un individuo, atribuye a todos los miembros de un colectivo las acciones de unos pocos. Detención de inmigrantes Diversos países utilizan la detención administrativa con inmigrantes llegados de manera irregular -los que llegan a un determinado país sin autorización previa- como un paso intermedio antes de la deportación o de la concesión de un permiso de residencia. La detención de inmigrantes resulta polémica porque representa un conflicto entre la defensa tradicional de las libertades individuales y la noción de la soberanía territorial de los estados. Los estudios comparativos llevados a cabo en torno a los países que aplican esta detención administrativa a los inmigrantes irregulares han demostrado que aquellos países que reciben flujos masivos de inmigrantes a través del mar (como Estados Unidos o Australia) son los que aplican medidas más severas. Los defensores de aplicar este tipo de medida a los inmigrantes irregulares argumentan que es necesaria, dado que los inmigrantes no han cometido ningún crimen según los códigos penales de los estados a los que llegan, pero si se les permitiera esperar a su deportación sin estar bajo custodia se correría el riesgo de que se evadiesen. Los detractores de esta medida mantienen que existen medidas alternativas y que dichas medidas son preferibles porque no violan las libertades personales de los recién llegados a la vez que suponen una menor carga económica para los estados. Entre las alternativas propuestas están la liberación y asignación del inmigrante a una ONG, la liberación bajo custodia de ciudadanos del Estado de acogida que garanticen que el inmigrante se presentará a las vistas judiciales, y "centros de detención abiertos" en los que los inmigrantes deberían comparecer regular y obligatoriamente.[1]​ Uso en regímenes autoritarios En muchos países carentes de regímenes democráticos, los responsables del régimen en el gobierno aplican la administración administrativa para eliminar las discrepancias y para castigar a los contrarios al régimen. Las autoridades coloniales francesas e inglesas fueron las primeras en introducir la detención administrativa en el continente asiático poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Aunque el fin original era suprimir las ideas revolucionarias e independentistas de las poblaciones nativas, la detención administrativa pervivió en las ex-colonias una vez que estas consiguieron la independencia, legitimando el uso de la medida contra los opositores políticos en sus propias constituciones. En numerosos casos, pasaron a quedar registradas en los códigos penales como "medidas de emergencia" o leyes de "seguridad interna". Algunos ejemplos de estas ex-colonias francesas o británicas que mantuvieron la medida de la detención administrativa son Ban.... Descubre los libros populares de Sue Wilsher. Encuentra los 100 libros más populares de Sue Wilsher